La rebelión de Rocha Moya

Un asesinato sin resolver

Héctor Melesio Cuén Ojeda, originario de Badiraguato, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entre 2005 y 2009, donde conservó la base de su poder político. Después, fue alcalde de Culiacán entre 2011 y 2012, pero dejó el cargo para buscar un escaño en el Senado, que finalmente no obtuvo. Fundó el Partido Sinaloense (PAS) y logró expandir su influencia rápidamente. En 2013, logró una diputación local por la vía plurinominal.

Contendió por la gubernatura en 2016, abanderando una coalición de su propio partido con Movimiento Ciudadano. Quedó en segundo lugar, detrás del priista Quirino Ordaz. En 2021, alió al PAS con Morena y respaldó a Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador. Obtenida la victoria, fue nombrado secretario de Salud. Meses después, sin embargo, fue destituido por Rocha, lo que inició una guerra por el control de la UAS.

Ya en las filas de la oposición, se postuló en 2024 por una diputación federal, esta vez apoyado por el PRI y por la vía plurinominal. La obtuvo, pero no llegó a tomar posesión.

El 25 de julio de 2024, semanas después de las elecciones federales, fue convocado a una reunión en la finca “Huertos del Pedregal”, ubicada a las afueras de Culiacán. Se le dijo que ahí estaría Rocha Moya y que la intención era llegar a un acuerdo. El intermediario iba a ser nada más y nada menos que Ismael “Mayo” Zambada, quien fue invitado por Joaquín Guzmán López, “El Chapito”.

Cuén llegó juntó con Fausto Corrales, su chofer. Pero todo era una trampa. “Mayo” Zambada fue sometido y atado. Lo encapucharon y lo llevaron a una pista clandestina, donde lo subieron a un avión que cruzó la frontera norte y aterrizó en Nuevo México. Fue entregado a las autoridades estadounidenses. El destino de Cuén Ojeda fue peor aún. Lo mataron en la finca.

Hubo una labor de encubrimiento. Corrales declaró que él y su patrón habían sido víctimas de un asalto en una gasolinera por parte de unos hombres que viajaban en motocicleta. En la lucha, según él, Cuén recibió los disparos que terminaron con su vida. La Fiscalía Estatal, bajo el mando de Sara Bruna Quiñónez Estrada, respaldó esa versión e incluso presentó un vídeo como prueba. Sin embargo, el 16 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) terminó por atraer el caso y señaló graves inconsistencias en las investigaciones. Ese mismo día Quiñónez Estrada presentó su renuncia. A finales de año, la FGR la tenía ya bajo investigación por montaje y encubrimiento.

A pesar de sus declaraciones apócrifas, Corrales en principio no fue imputado y más bien recibió protección como testigo. Siguió trabajando y cobrando su sueldo en la UAS.

El gobernador señalado

En cuanto a Rocha Moya, los reflectores comenzaron a apuntar contra él cuando “Mayo” Zambada, ya preso en Estados Unidos, publicó una carta en la que reveló que se le dijo que el gobernador estaría en “Huertos del Pedregal”, para llegar a un acuerdo con Cuén. Rocha negó los señalamientos y utilizó como coartada un viaje que hizo a California en un avión privado el día de los hechos.

Lamentablemente para él, las sospechas no dejaron de crecer. En 2025 el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. Y en diciembre de ese mismo año, unas grabaciones filtradas y publicadas por los periodistas José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo en Aristegui Noticias sugerían que operadores del cártel de “Los Chapitos” confesaban su colaboración en el secuestro del “Mayo”.

Todo desembocó en el escándalo de finales de abril de este 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, presentó acusaciones formales contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno. La acusación concreta fue de conspirar con “Los Chapitos” para traficar narcóticos a territorio estadounidense y de haber recibido dinero ilegal en la campaña hacia la gubernatura de 2021. A pesar de recibir el respaldo de la presidenta Sheinbaum y de Morena en su conjunto, Rocha pidió licencia a su cargo el pasado 2 de mayo.

La caída

El 19 de agosto, hace apenas unos días, Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien fuera chofer de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue detenido en una casa de la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Toluca e ingresado después en el penal federal de “El Altiplano”, en el Estado de México.

Horas después, en la mañana del 21 de agosto, Rubén Rocha Moya retomó el cargo de gobernador de Sinaloa. La Secretaría de Gobernación, primero, y el CEN de Morena, después, se deslindaron de esa acción, que calificaron de “personal”. El sábado 22 de agosto, la presidenta Sheinbaum publicó en sus redes sociales un mensaje sin destinatario explícito en el que descalificó a los que ponen sus “ambiciones personales por encima de los intereses del pueblo y la Nación”. Todo mundo entendió a quién se refería.

Rocha no soportó la presión. Y el mismo 22 de agosto volvió a solicitar licencia de su cargo como gobernador de Sinaloa, con carácter indefinido y por más de treinta días. Es difícil pensar que retome el cargo alguna vez. Quizá estemos un poco más cerca de saber si él tuvo que ver con la muerte de Cuén. Y si las acusaciones radicadas en Nueva York tienen sustento y tendrán consecuencias.

Los coletazos

Desde el sexenio anterior, la oposición mexicana ha intentado fortalecer en la opinión pública el discurso de que tanto el de López Obrador como el de Sheinbaum son “narcogobiernos” y que México es una “narcoestado” controlado por un “narcopartido” (Morena), lleno de “narcopolíticos”.

Casos como el de Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder de “La Barredora” y exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco durante el periodo de Adán Augusto López, actual senador morenista, o el de los hermanos Farías Laguna, acusados de “huachicoleo” y emparentados con José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, han dado pábulo a las acusaciones y a la retórica de la oposición.

Pero el caso de Rubén Rocha Moya es peor aún, pues se trataría del primer gobernador morenista en caer por acusaciones de narcotráfico. Y a manos, además, del gobierno de Estados Unidos, en momentos en que la Casa Blanca construye un bloque continental favorable a sus intereses, según los postulados de una nueva Doctrina Monroe.

Personajes como Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California a la que también se le ha revocado la visa, representan para el oficialismo flancos abiertos que desgastan su imagen y erosionan los principios declarados de honestidad e incorruptibilidad. La idea de que Morena es en esencia diferente del PRI y el PAN deja de tener fundamento en la conciencia de cada vez más ciudadanos.

En este escenario, la presidenta parece estar atrapada entre su obligación de combatir la corrupción, caiga quien caiga, por un lado, y el acecho constante de la oposición y el gobierno norteamericano, por el otro, que parecen por momentos actuar de manera casi coordinada o por una armonía preestablecida.

¿Podrá Sheinbaum limpiar la casa de Morena sin destruirla y sin minar su propio gobierno? ¿Podrá perseguir a los corruptos que están en la 4T sin que eso signifique fortalecer a los opositores y detractores? La presidenta camina en la cuerda floja e intenta guardar un equilibrio que se revela cada vez más como imposible.