La visa de Andy
Como en otros muchos tópicos de actualidad, el retiro de las visas a personajes de la política mexicana por parte del gobierno de Estados Unidos da pie a discursos contrapuestos, casi especulares, que representan dos extremos quizá complementarios.
Así, el discurso del oficialismo recurre al intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México. Y hay argumentos para enfocarlo de esa manera. Como contexto, puede referirse la intervención militar en Venezuela, el bloque energético a Cuba y la formación del "Escudo para las Américas" con los gobiernos de derecha y ultraderecha afines a Donald Trump. Todo esto derivado de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés), que abiertamente retoma la Doctrina Monroe del siglo XIX.
El gobierno de Estados Unidos ha declarado y manifestado públicamente y sin reservas que su objetivo es recuperar y afianzar su hegemonía en todo el continente americano y América Latina es su prioridad. Para cada país de la región hay una estrategia especial. Si en Venezuela y Cuba se ve la mano dura, en Argentina, Chile o Colombia lo que hemos visto es el apoyo político a los candidatos de derecha en las elecciones presidenciales. Y en México lo que tenemos es la utilización del tema del narcotráfico para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum a cooperar con la Casa Blanca de manera más decidida, permitiendo las operaciones militares contra los carteles.
La oposición, por su parte, se centra en interpretar y presentar los retiros de visa como una prueba irrefutable de actividades criminales de los afectados. Su discurso tiene como objetivo posicionar en la opinión pública la idea de que Morena es un "narcopartido", que el de Sheinbaum es un "narcogobierno" y que tenemos por tanto un "narcoestado", manejado por "narcopolíticos".
Y también hay asidero para esta línea discursiva. Los lazos entre los gobiernos de todos los niveles y los carteles no son algo nuevo, pero se presentan como si fueran responsabilidad única del oficialismo y como si se hubieran estrechado y fortalecido aún más durante el período de la llamada Cuarta Transformación. Casos como el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, o el de los hermanos Farías Laguna, miembros de la Armada y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, han socavado, por lo menos, la confianza del público en la honestidad y probidad de las administraciones morenistas.
Se vuelve evidente que para obtener una visión más objetiva del asunto se podría comenzar combinando ambos discursos: hay objetivos políticos e intervencionistas por parte de Estados Unidos como parte de la nueva Doctrina Monroe implementada por Trump y ese intervencionismo, en lo que concierne a México, ha encontrado pretexto en la corrupción de la casta política y la penetración del crimen organizado en la estructura del Estado mexicano. Ese flanco está siendo aprovechado para obligar a Claudia Sheinbaum a plegarse a los dictados del norte. Y como ella no puede tan fácilmente emprender una limpia en Morena, porque podría terminar por debilitar al partido frente a la oposición, se encuentra en un callejón sin salida.
El resultado de esto es que ni el oficialismo ni la oposición pueden defender la soberanía nacional como se requiere. El oficialismo, porque tiene en sus filas y sobre todo en su cúpula a toda una élite corrupta, miembros de la oligarquía y oportunistas que han trepado junto con el crecimiento acelerado del movimiento. Esto es lo que le da motivos a Washington para dar golpes de precisión y justificar su injerencia en México. Y la oposición, porque no tiene empacho en sumarse a Estados Unidos en el afán intervencionista, si esto le ayuda a llegar al poder, como ha sucedido en otros países de América Latina muy recientemente. Es decir, está dispuesta a subordinarse a Washington a cambio de desplazar a Morena del poder.
Es en este marco en el que se puede discutir el asunto de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Se trata, como ha dicho la presidenta, de un asunto político relacionado con el intervencionismo norteamericano. Pero también es una señal de que Estados Unidos podría tener elementos para hacer alguna acusación y porque, como López Beltrán, hay otros en Morena, como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, o Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, cuyas prácticas tendrían que ser examinadas.
Morena no es el único partido que puede tener miembros cuestionables. Y con Morena, como ya se dijo, no comenzó la "narcopolítica", pero, como partido en el gobierno, enfrenta el imperialismo renovado de Estados Unidos, que está decidido a colocar en cada país de América Latina gobiernos alineados con sus políticas. Y si son de derecha y comparten una ideología similar al gobierno estadounidense, qué mejor. Si para lograrlo tiene que secuestrar a un presidente como Nicolás Maduro o tiene que asfixiar a una isla como Cuba, lo hará. Con México, recurre a un problema muy profundo y real, pero no propiamente para resolverlo, sino para someter también a su gobierno e imponerle su agenda.
La solución integral al problema de los carteles no está en los misiles, los drones y las masacres, sino en las estrategias complejas, que reúnen al poder de fuego los controles financieros, la prevención, el desarrollo social, la regulación en la venta de armas, la creación de oportunidades de empleo e incluso la legalización de algunas sustancias, como la marihuana. En lugar de eso, la superpotencia norteamericana está interesada en que toda América Latina sea territorio abierto para sus fuerzas armadas, previendo, quizá, que sólo así podrá prepararse eficazmente para los grandes enfrentamientos bélicos del futuro, en los que se jugará la hegemonía global.