Trump, Maduro y Guyana
A principios de este mes de agosto, el día 8, informaciones periodísticas sostenían que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, había enviado una orden ejecutiva de carácter clasificado al Pentágono. El documento instruiría a la milicia para que preparara el combate a los carteles del narcotráfico latinoamericanos ahora clasificados como grupos terroristas.
El despliegue
El 15 de agosto, comenzó el despliegue de una flotilla de tres destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely (DDG-107), el USS Jason Dunham (DDG-109) y el USS Sampson (DDG-102) en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Cada destructor opera con el sistema de combate AEGIS, que permite rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente con misiles Tomahawk para objetivos en tierra, así como misiles antiaéreos, antisubmarinos y los Harpoon, antibuque. La tripulación de un destructor de esta clase es de 320 oficiales y marineros.
El USS Gravely (DDG-107) en Grecia, durante una visita en 2013.
Este fin de semana del 23 y 24 de agosto, se espera el arribo a la zona del Grupo Anfibio Preparado Iwo Jima (IWO ARG), que partió de la Estación Naval de Norfolk, Virginia. El 18, los buques de esta agrupación fueron avistados en Curazao.
El Grupo Iwo Jima está compuesto por el buque insignia de asalto anfibio homónimo, de la clase WASP, que funciona como un pequeño portaaviones y transporta a 1, 100 tripulantes, así como 1, 900 marines de las 22° Unidad Expedicionaria. Además de sus sistemas de defensa, el Iwo Jima traslada aviones de combate de despegue vertical AV-8B Harrier o los novedosos F-35B Lightning II, así como helicópteros de transporte de vehículos y tropas CH53E Super Stallion y los convertiplanos MV-22 Osprey, especializados en el transporte de comandos de operaciones especiales. A estas aeronaves se les suman los helicópteros de ataque AH-1Z Viper y los utilitarios UH-1Y Venom, así como numerosas lanchas de desembarco y asalto anfibio.
El buque de asalto USS Iwo Jima (LHD-7) de la clase WASP, en el año 2008, durante unos ejercicios en el Atlántico.
Junto con el Iwo Jima, y como parte del Grupo Anfibio Preparado, navegan los buques de transporte USS San Antonio (LPD-17) y USS Fort Lauderdale (LPD-28), que funcionan como muelles flotantes para el transporte y el desembarco de marines, equipo y suministros. Cada uno tiene una tripulación de 400 miembros y traslada a 800 tropas. También cuentan con helicópteros y lanchas de desembarco.
Como apoyo, se ha confirmado la realización de vuelos de aviones P-8A Poseidón, especializados en vigilancia marítima. También se reportó la presencia de por lo menos un avión espía RC-135 cerca del espacio aéreo venezolano.
Sin que pueda haber confirmación, porque es un asunto clasificado, se supone también el despliegue de por lo menos un submarino de propulsión nuclear de la clase Virginia, la más moderna de la flota estadounidense. Está armado con misiles de crucero Tomahawk y torpedos Mk48.
Los motivos
Aunque la razón explícita de esta ostentación de poder militar es el combate al narcotráfico, la cuestión se complica porque la administración Trump acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de ser parte, o líder, del denominado Cartel de los Soles, que estaría dirigido por la cúpula militar del país sudamericano. Ese nombre le vendría dado a la organización criminal por las insignias con forma de sol que portan los generales venezolanos. Este cartel está clasificado por Washington como organización terrorista. De ahí ha derivado también la recompensa por la entrega de Nicolás Maduro, que fue elevada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a 50 millones de dólares, el 7 de agosto.
La acusación contra Maduro de pertenecer al Cártel de los Soles y la orden ejecutiva secreta dirigida al Pentágono, junto con el importante despliegue aeronaval y de marines, conforman un escenario de posible intervención militar en Venezuela, más allá de meras tareas de vigilancia marítima. Esa posible intervención - que no invasión - podría consistir en operaciones de precisión contra objetivos en territorio venezolano, ya sea de eliminación o captura de presuntos criminales, así como la destrucción de infraestructura y vehículos, con lanzamiento de misiles de crucero o ataques aéreos. Eso en la más extrema de las posibilidades.
La disputa por Guyana
No hay que dejar de lado el tema de Guyana, el pequeño país con el que Caracas mantiene una disputa territorial de más de dos siglos. Venezuela sostiene que sus fronteras, al momento de su independencia de España en 1811, se basaban en el principio de uti possidetis iuris, que le otorgaba el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela, cuyo límite oriental era el río Esequibo.
La zona disputada aparece con rayas rojas y, como puede verse, es más de la mitad del territorio de Guyana.
El Reino Unido adquirió la Guayana Británica (hoy Guyana) de los Países Bajos en 1814. A lo largo del siglo XIX, los británicos expandieron su presencia hacia el oeste, encargando al explorador Robert Schomburgk el trazado de una frontera, la "Línea Schomburgk", que se adentraba significativamente en el territorio que Venezuela consideraba suyo.
Ante la creciente tensión y con la mediación de Estados Unidos, Venezuela y el Reino Unido acordaron someter la disputa a un tribunal arbitral internacional en París. En 1899, el tribunal emitió un laudo que falló mayoritariamente a favor del Reino Unido, otorgándole el control de la mayor parte del territorio en disputa.
Venezuela aceptó el resultado en un principio, pero décadas después, en 1949, la publicación póstuma de un memorando de Severo Mallet-Prevost, un abogado estadounidense que formó parte de la defensa venezolana, denunció que el laudo no fue una decisión de derecho, sino el resultado de una componenda política y presiones entre los jueces (dos británicos, dos estadounidenses y un ruso que presidía). Según esta versión, Venezuela fue despojada injustamente. Desde entonces, Venezuela considera el laudo "nulo e írrito".
Con la inminente independencia de Guyana, se abrió una nueva fase de negociaciones. En 1966, Venezuela, el Reino Unido y el gobierno de la Guayana Británica firmaron el Acuerdo de Ginebra. Este tratado es la piedra angular de la posición venezolana actual. En él, las partes reconocen la existencia de una controversia sobre la validez del Laudo de 1899 y acuerdan buscar "soluciones prácticas, pacíficas y satisfactorias para las partes".
Para Venezuela, la firma de este acuerdo implica que el Laudo de 1899 fue dejado de lado y que la disputa debía resolverse por otros medios. Para Guyana, el acuerdo es un mecanismo para resolver la controversia, pero no invalida el laudo original, manteniendo el statu quo de su administración sobre el Esequibo.
El petróleo de Guyana
Durante el gobierno del finado Hugo Chávez, no hubo mayores fricciones con Guyana. Parecía que el líder de la Revolución Bolivariana se había desentendido del tema o había aceptado la situación predominante. En 2015, sin embargo, ya fallecido Chávez, la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió inmensas reservas de petróleo y gas en la plataforma continental de Guyana, justo en el territorio disputado.
A partir de la extracción del petróleo descubierto, la economía de Guyana ha ido creciendo exponencialmente. Si en 2015 el crecimiento del PIB era de apenas el 0.7%, para 2020, cuando comenzó la explotación petrolera, se disparó a un sorprendente 43.5%. En 2021, fue de casi 20%; en 2022, 62.3%; en 2023, 33.8% y en 2024, arriba del 43%.
El crecimiento de Guyana contrasta con la situación económica de Venezuela, una economía tradicionalmente petrolera que se contrajo -30% en 2020 y pudo crecer 1% en 2021, un 8% en 2022; 4% en 2023 y un 8% en 2024. Venezuela viene saliendo de años durísimos y muestra una gradual recuperación.
El crecimiento del PIB de Guyana no tiene comparación en América Latina, desde el inicio de la extracción del crudo en la zona disputada. En Venezuela, en cambio, el PIB viene recuperándose gradualmente.
Nicolás Maduro, a diferencia de Chávez y frente al descubrimiento del petróleo en el Esequibo, la crisis venezolana y el crecimiento de Guyana, ha impulsado una política agresiva para intentar reafirmar las demandas territoriales sobre su pequeño vecino. En 2023, se organizó un referéndum para crear un nuevo estado venezolano en la región disputada. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió medidas cautelares, para advertir a Venezuela y ordenarle que se abstenga de cualquier intento de modificar las fronteras a la fuerza.
El 25 de mayo de este 2025, en las elecciones legislativas y regionales de Venezuela, se incluyó en las boletas el territorio del Esequibo, denominado como “Guayana Esequiba”, y se llamó a votar a los ciudadanos de las regiones fronterizas con Guyana. Como resultado, se eligió a un “gobernador” del nuevo estado, ocho diputados de la Asamblea Nacional y otros siete legisladores del Consejo Legislativo Regional. Todos esto fue validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El militar Neil Villamizar, que tiene grado de almirante y fue postulado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), resultó electo como “gobernador” y es la única autoridad reconocida en la “Guayana Esequiba” por el gobierno de Maduro.
La reacción de las autoridades de Guyana ha sido denunciar una amenaza a su soberanía e integridad territorial. El presidente guyanés, Irfaan Ali, calificó como “farsa peligrosa” y “acto de anexión agresiva” las elecciones regionales venezolanas en las que se incluyó parte del territorio de Guyana.
Internacionalmente, Guyana ha recibido apoyo de la Corte Internacional de Justicia, pero también de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Commonwealth (de la que es miembro por ser excolonia británica), la OEA y países como Estados Unidos, Brasil y Canadá, los más grandes y poderosos del continente.
La disuasión norteamericana
Con el despliegue de las últimas semanas, Trump quizá está jugando a varias bandas. Además de reforzar su discurso contra los carteles; presiona a Caracas para que coopere en la lucha contra el narcotráfico (Chávez expulsó a la DEA en 2005) y, de paso, para que acepte de forma regular los vuelos llenos de venezolanos deportados desde Estados Unidos (se calcula que hay unas 32 mil órdenes de deportación contra ciudadanos venezolanos en Estados Unidos). Además, disuade a Maduro de avanzar en sus intentos de anexión del territorio guyanés.
Visto así, el despliegue estadounidense quizá no tenga como finalidad intervenir en Venezuela, descabezar al gobierno o eliminar, derrocar o capturar a Maduro. Se trata de una medida de presión con varios objetivos, como se ha expuesto. El narcotráfico, la inmigración y el tema de Guyana serían algunas de las razones de Trump. Quizá también pueda sumarse un posible “intercambio” entre Ucrania y Venezuela: si Moscú insiste en agredir al país europeo, aliado de occidente, Washington podría aumentar el nivel de amenaza sobre el país sudamericano, aliado de Rusia.
Por ahora, el gobierno de Maduro ha aprovechado la situación para posicionar el nacionalismo, activar la Milicia Bolivariana con millones de miembros, denunciar el imperialismo y convocar a la unidad en torno al gobierno, en la defensa de la soberanía. En el juego de la política, cada actor calcula sus movimientos para fortalecer su posición.